Una audiencia centrada en la capacidad de los trabajadores migrantes para plantear problemas de seguridad en medio de la pandemia de COVID-19 está en marcha en la junta laboral provincial.
El proceso, que comenzó el lunes, es el resultado de una denuncia de represalia presentada por el trabajador migrante Luis Gabriel Flores Flores. El trabajador temporal de 36 años de México dijo que fue despedido por una granja del condado de Norfolk después de hablar sobre un brote masivo que infectó a 200 colegas y mató a su compañero de litera. Scotlynn Growers, una operación agrícola multimillonaria, niega las acusaciones.
En la denuncia presentada en nombre de Flores, Parkdale Community Legal Services dice que el precario estado migratorio de los trabajadores migrantes significa que corren el riesgo de ser enviados a casa por sus empleadores si se quejan de abusos o problemas de seguridad. Según los términos del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de Canadá, el derecho de los trabajadores a estar en el país está vinculado a un contrato temporal en un solo lugar de trabajo.
Alrededor de 1.300 trabajadores migrantes han dado positivo por COVID-19. Tres han muerto.
En su testimonio el lunes, Flores dijo que vio a su compañero de litera, Juan López Chaparro, de 55 años, caer enfermo en mayo. Dijo que Chaparro le dijo que tenía fiebre y dolor de pulmón, pero que no lo habían llevado al médico. Flores dijo que planteó el tema a tres supervisores y al consulado mexicano.
En junio, Chaparro murió por COVID-19. Para entonces, los trabajadores de Scotlynn habían sido puestos en cuarentena por segunda vez en un intento por contener el brote; el mismo Flores dio positivo pero se ha recuperado. La granja ha dicho que gastó más de $700,000 en medidas de cuarentena y brindó asistencia oportuna a los trabajadores enfermos.
Después de la muerte de Chaparro, el director médico del condado de Norfolk visitó las barracas de Scotlynn con los supervisores de la granja para dar la noticia a los trabajadores. En esa reunión, Flores dijo que expresó públicamente su preocupación por una posible reinfección y lo que se haría para proteger a los empleados.
La denuncia de la junta laboral dice que el fundador de Scotlynn, Robert Biddle, fue al barracón de Flores a la mañana siguiente, 21 de junio, y lo acusó de hablar con los medios de comunicación sobre cuestiones de seguridad en el lugar de trabajo. Biddle dijo que Flores sería despedido y enviado de regreso a México, según la denuncia.
Wendy Carter, directora de seguridad y recursos humanos de la operación de Scotlynn y pariente de la familia Biddle, dijo el lunes que Flores no fue despedido, sino que pidió voluntariamente que lo enviaran de regreso a casa después de la muerte de Chaparro.
Carter dijo que la granja nunca había despedido a un trabajador temporal y que, si lo hubiera hecho, habría pasado por un procedimiento formal de disciplina. Carter agregó que otros dos empleados, a quienes identificó solo como “los números 40 y 41”, también solicitaron regresar a México y han sido repatriados.
El abogado de PCLS, John No, en representación de Flores, preguntó por qué no había documentación escrita para corroborar las discusiones con los trabajadores sobre el regreso voluntario a casa. Carter dijo que las conversaciones fueron todas verbales.
Según el contrato del Programa de Trabajadores Agrícolas de Temporada, los trabajadores que abandonen Canadá antes de tiempo voluntariamente deben pagar su vuelo de regreso a casa. Pero en el caso de Flores, Scotlynn reservó y pagó su vuelo a México, programado para el día siguiente a su presunta terminación.
Flores testificó que ha pasado cuatro años participando en el programa de trabajadores agrícolas de Canadá. En dos ocasiones, con dos empleadores separados, tuvo que irse antes de que se completara su contrato, dijo. En 2016 regresó temprano a México porque su madre estaba hospitalizada. Al año siguiente, en 2017, se fue de Canadá poco antes de que terminara su contrato porque un gran terremoto sacudió la Ciudad de México y no pudo contactar a sus familiares.
En ambas ocasiones, Flores declaró que tuvo que proporcionar documentación escrita de por qué se iba voluntariamente a casa y pagaba su vuelo.
Carter, el director de seguridad de la granja, dijo que si Flores hubiera sido despedido, la compañía habría tenido que notificar a Service Canada, pero no lo hizo porque Flores se había ido por su propia voluntad.
Employment and Social Development Canada no realiza un seguimiento de los datos sobre las repatriaciones de trabajadores extranjeros temporales. Los datos obtenidos del gobierno mexicano muestran que durante la última década, 5.500 trabajadores migrantes han sido enviados a casa a la mitad de su contrato, a veces contra su voluntad después de una lesión en el lugar de trabajo o después de hablar sobre condiciones inseguras.
Por separado, el lunes, una coalición de más de 280 líderes religiosos, laborales, climáticos e indígenas que representan a ocho millones de miembros envió una carta al primer ministro Justin Trudeau en la que pedía un estatus migratorio permanente para los trabajadores migrantes, refugiados y residentes indocumentados en Canadá.
“La falta de estatus de residente permanente hace que sea difícil, y a menudo imposible, que los migrantes hablen por sus derechos o accedan a los servicios, incluidos aquellos para los que pueden ser elegibles, debido a un temor fundado a represalias, despido, desalojo y deportación, ”Dice la carta.
Flores testificó el lunes que después del presunto despido, un residente local lo ayudó a salir de la finca antes de su vuelo programado.
Dijo que se quedó en Canadá en busca de trabajo, pero que no pudo encontrar trabajo debido a su permiso de trabajo vinculado. Actualmente está solicitando un permiso de trabajo abierto, un esquema federal disponible para los trabajadores migrantes que pueden documentar el abuso, que le permitiría solicitar un empleo alternativo.
Flores dijo que el brote de Scotlynn y sus secuelas le han causado tristeza y estrés, porque él es responsable de enviar dinero a su familia para cubrir las necesidades básicas y los gastos médicos de su madre.
La audiencia continúa el 13 de octubre.
ARTÍCULO POR: SARA MOJTEHEDZADEH
FOTOGRAFÍA: RICK MADONIK
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN: ELIANA GONZÁLEZ