Estados Unidos está aumentando drásticamente la presión sobre el gobierno autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua, al prohibirle a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con la industria aurífera del país centroamericano, amenazando con restricciones comerciales y retirándole las visas a unos 500 allegados del gobierno, relevaron funcionarios de Washington.
Es la más reciente y quizás la más agresiva medida de Estados Unidos para castigar al exlíder guerrillero sandinista por sus continuos ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano y por su cooperación en materia de seguridad con Rusia.
Sanciones previas han ido contra Ortega, contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y contra familiares y allegados cercanos. Pero ninguna medida ha afectado el poder del mandatario, cuyo objetivo más reciente ha sido la Iglesia católica. En agosto, fuerzas de seguridad nicaragüenses allanaron la residencia de un obispo, deteniéndolo a él y a otros miembros del clero.
El presidente Joe Biden firmará una orden ejecutiva que amplía significativamente otra emitida bajo la presidencia de Donald Trump, donde declara que las violaciones de normas democráticas, los atentados contra el estado de derecho y el uso de la violencia contra opositores como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, dijeron los funcionarios.
Junto con sanciones que serán anunciadas por el Departamento del Tesoro, la orden ejecutiva prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con la industria del oro nicaragüense. Es la primera vez que Estados Unidos se enfoca en un sector específico de la economía nicaragüense y en el futuro podría ampliarlo para incluir otras industrias consideradas fuentes de financiamiento del gobierno de Ortega, dijeron los funcionarios que pidieron no ser identificados debido a que las medidas no han sido anunciadas.
La orden ejecutiva además allana el camino para que Estados Unidos pueda restringir las inversiones y el comercio con Nicaragua, medidas que recuerdan el severo embargo impuesto en la década de 1980 durante el primer gobierno sandinista de Ortega, tras la sangrienta guerra civil.