La auditora general descubrió que Canadá no hizo cumplir adecuadamente las medidas fronterizas diseñadas para evitar que los viajeros internacionales importen casos de COVID-19 al país, justo cuando el gobierno está reintroduciendo varias reglas estrictas en respuesta a la propagación de la variante Ómicron.
El informe de la auditora se presentó en la Cámara de los Comunes el jueves por la tarde, junto con varios otros informes críticos sobre la respuesta a la pandemia de Canadá.
Si bien la auditora general, Karen Hogan, le dio crédito a la agencia por mejorar sus sistemas desde los primeros días de la pandemia con la introducción de la aplicación ArriveCan, aún existían brechas notables en el seguimiento de los resultados de las pruebas de COVID-19 y el cumplimiento de las órdenes de cuarentena.
Su evaluación de la aplicación deficiente de la cuarentena y los mandatos de prueba COVID-19 de Canadá examinó el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.
"Esta no es una historia de éxito", dijo Hogan en una conferencia de prensa el jueves.
A principios de la pandemia, la Agencia de Salud Pública de Canadá no tenía idea de si el 66 por ciento de los viajeros entrantes seguían las órdenes de cuarentena. Esta última auditoría reveló que el gobierno aún no pudo verificar si el 37 por ciento de los viajeros obedecieron las reglas.
“La incapacidad de la agencia para confirmar si más de un tercio de los viajeros cumplieron con las órdenes de cuarentena sigue siendo un problema importante”, dijo la auditora general.
La agencia se esforzó por realizar un seguimiento de las personas que se suponía que debían esperar los resultados de las pruebas en los llamados "hoteles de cuarentena". Si bien los agentes verificaban que los viajeros hubieran hecho reservas en un hotel, la Agencia de Salud Pública de Canadá solo tenía registros para verificar que el 25 por ciento de esas personas realmente se registraran.
“Si van a poner un requisito, realmente necesitan haber trabajado en cómo monitorear y hacer cumplir ese requisito”, dijo Hogan.
También se suponía que los funcionarios de salud pública se pondrían en contacto con los viajeros que dieron positivo en la prueba de COVID-19 para confirmar que obtuvieron los resultados de la prueba y se autoaislaron; pero el auditor encontró de los 8.071 que dieron positivo, el 11 por ciento, o alrededor de 1.156 de ellos nunca fueron contactados.
Además, PHAC no pudo hacer coincidir el 30 por ciento de los resultados de la prueba COVID-19 con los viajeros entrantes durante el período de la auditoría.
Los laboratorios contratados para procesar las pruebas también debían informar a las personas sobre sus resultados; pero el auditor no examinó si eso sucedió o no.
“Todo lo que podemos decir es que no monitorearon ni hicieron cumplir los requisitos de manera adecuada”, explicó la auditora.
En cuanto a los infractores de las reglas, el castigo se ha impuesto de manera muy diferente según el lugar donde viva la gente, si es que hubo algún castigo.
Tomemos, por ejemplo, a los viajeros a los que se les ordenó presentarse en las instalaciones de cuarentena designadas. De los 71 que se negaron a ir y 45 que se fueron sin permiso, solo 13 recibieron multas.
En general, el gobierno no tiene idea de qué sucedió con el 59 por ciento de los viajeros sospechosos de desobedecer las órdenes de cuarentena, luego de que la agencia remitiera sus sospechas a las fuerzas del orden.
La mayoría de las provincias no han emitido una sola multa relacionada con las reglas federales de cuarentena y prueba. Alberta, Saskatchewan y los territorios ni siquiera han adoptado el régimen de imposición de multas en virtud de la Ley de infracciones.
British Columbia emitió 917 durante el período de auditoría, Manitoba emitió 139 y Ontario entregó 5.281.
"Los hallazgos en el informe de la auditora general revelan un patrón de incompetencia, con graves lagunas en la aplicación de las políticas", dijo el crítico conservador de salud Luc Berthold en un comunicado. "El informe que deja en claro que este gobierno liberal una vez más no ha actuado sobre las lecciones aprendidas".
Mientras tanto, la auditora solo tuvo palabras mordaces sobre las inspecciones destinadas a garantizar que los productores agrícolas protegieran adecuadamente a los trabajadores migrantes del COVID-19, luego de numerosos brotes entre trabajadores extranjeros temporales en granjas desde el inicio de la pandemia.
El gobierno liberal prometió nuevos requisitos para los productores agrícolas, así como decenas de millones en nuevos fondos el año pasado para proteger del COVID-19 a las aproximadamente 50.000 personas que vienen a Canadá como trabajadores agrícolas de temporada cada año.
Sin embargo, aunque los inspectores del gobierno consideraron que prácticamente todas las granjas cumplían con esas regulaciones, Hogan dijo que la gran mayoría de las calificaciones aprobadas llegaron sin las inspecciones adecuadas.
Y en algunos casos, los inspectores pasaron por alto o ignoraron la evidencia que sugería que los empleadores estaban violando los requisitos, lo que dejaba a los trabajadores en mayor riesgo de enfermarse.
“Estos hallazgos apuntan a un problema sistémico en el régimen de inspección de Empleo y Desarrollo Social de Canadá que necesita atención inmediata”, dijo Hogan.
En un informe separado, la auditora encontró que Canadá no desarrolló un plan nacional de respuesta de emergencia para una crisis que afectaba la seguridad alimentaria de los canadienses, aunque los departamentos y agencias lograron crear rápidamente nuevos programas de alimentos de emergencia, utilizando mecanismos ya establecidos.
Y si bien elogió al gobierno por la rápida implementación de un fondo regional de ayuda y recuperación para aliviar las cargas financieras de las empresas y organizaciones durante la pandemia, descubrió que las agencias regionales no eran consistentes en sus requisitos para los solicitantes e interpretaron los criterios de elegibilidad de manera diferente.
ARTÍCULO POR: LAURA OSMAN
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN POR: ELIANA GONZÁLEZ