Un nuevo informe encuentra que los inmigrantes, refugiados y otros recién llegados representaron casi el 44 por ciento de los casos de COVID-19 de Ontario en la primera mitad del año.
Eso es a pesar del hecho de que las tasas generales de pruebas fueron más bajas para esos grupos, y que comprendían solo una cuarta parte de la población.
El instituto de investigación sin fines de lucro ICES examinó los datos administrativos de salud provinciales recopilados entre el 15 de enero y el 13 de junio de 2020.
Los inmigrantes y refugiados que trabajaban en el cuidado de la salud, especialmente mujeres, representaron un número desproporcionado de casos.
La autora principal del informe, la Dra. Astrid Guttmann, señala que muchos inmigrantes y refugiados enfrentan desigualdades sistémicas que incluyen salarios más bajos y empleos precarios que pueden no ofrecer licencia por enfermedad.
Ella agrega que muchos también enfrentan barreras idiomáticas y es más probable que vivan en hogares abarrotados y multigeneracionales, lo que hace más difícil aislarlos cuando ocurren los casos.
Guttmann dice que los hallazgos subrayan la necesidad de hacer que las pruebas de COVID-19 sean más fáciles de obtener para los recién llegados, lo que sugiere unidades de prueba móviles que pueden apuntar a comunidades en riesgo.
También sugiere ayuda financiera para las personas que no pueden ponerse en cuarentena de manera segura en sus hogares o no tienen hogar, y suplementos de ingresos para aquellos que no obtienen una licencia por enfermedad de su empleador.
El estudio, publicado el miércoles, excluye a los residentes de cuidados a largo plazo y aquellos que no son elegibles para la cobertura de salud provincial, como los solicitantes de asilo que esperan audiencias de refugiados.
Los resultados de las pruebas provinciales de COVID-19 se vincularon a datos de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá que involucran a personas que aterrizaron en Ontario de 1985 a 2017.
Los datos también profundizan en la gran cantidad de mujeres inmigrantes y refugiadas que trabajan en el cuidado de la salud, una categoría laboral que en sí misma conlleva un mayor riesgo de exposición al COVID-19.
"Cuando miramos a las mujeres adultas que son positivas para COVID, poco más de un tercio de ellas son trabajadoras de la salud, pero casi la mitad de ellas son inmigrantes y refugiadas y provienen de algunos países distintos: Filipinas, Jamaica, Nigeria e India", dice Guttmann.
De todas las mujeres de Nigeria que dieron positivo en la prueba, el 76% eran trabajadoras de la salud. Mientras tanto, el 64% de las mujeres jamaiquinas que dieron positivo en la prueba eran trabajadoras de la salud, el 53% de todas las filipinas que dieron positivo en la prueba eran trabajadoras de la salud y el 38% de las mujeres indias eran trabajadoras de la salud.
Guttmann agrega que no está claro si los trabajadores de la salud inmigrantes tienen más probabilidades que los trabajadores de la salud no inmigrantes de contraer COVID-19.
Si bien los hallazgos solo se relacionan con Ontario, sospecha que "la dinámica es probablemente bastante similar" a nivel nacional, aunque la pandemia no ha afectado a algunas partes de Canadá con tanta fuerza como a otras.
De los que se sometieron a la prueba, los refugiados tuvieron el porcentaje más alto de positividad con un 10,4% frente al 7,6% de otros inmigrantes, mientras que la tasa fue del 2,9% entre los residentes nacidos en Canadá o de larga duración.
Los inmigrantes y refugiados de África central, occidental y oriental, América del Sur, el Caribe, el sudeste asiático y el sur de Asia tuvieron las tasas más altas de positividad cuando se examinaron por región del mundo.
ICES es un instituto de investigación sin fines de lucro con sede en Toronto que estudia información de salud basada en la población para comprender una amplia gama de problemas de atención médica.
FOTOGRAFÍA: CHRIS YOUNG
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN: ELIANA GONZÁLEZ