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Nueva estrategia busca que las empresas canadienses mantengan los estándares éticos en el extranjero

Canadá ha anunciado una nueva estrategia empresarial para garantizar que las empresas prevengan o alivien los efectos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones en el extranjero.


La ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico, Mary Ng, se levanta durante el período de preguntas en la Cámara de los Comunes en Parliament Hill en Ottawa el jueves, 16 de diciembre de 2021.
La ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico, Mary Ng, se levanta durante el período de preguntas en la Cámara de los Comunes en Parliament Hill en Ottawa el jueves, 16 de diciembre de 2021.

Los defensores, sin embargo, critican la estrategia por ser en gran medida una repetición de la anterior implementada por el gobierno conservador de Stephen Harper en 2014.


El ministro de comercio internacional de Canadá dijo que la nueva estrategia ayudará a las empresas canadienses que operan en el extranjero a desarrollar la "marca canadiense" y diferenciarse de sus competidores.


La ministra Mary Ng dijo que la estrategia es un conjunto de herramientas y apoyos para ayudar a las empresas a adoptar altos estándares éticos, incluso para defender los derechos humanos y proteger el medio ambiente.


“Las empresas se están disparando a sí mismas en el pie, para su propio éxito, al no tener una conducta empresarial fuerte y responsable, porque sabemos que tenerla los hará más exitosos”, dijo Ng en una entrevista.

Emily Dwyer, quien encabeza la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa, dijo que la estrategia no se centra en los derechos de las personas y comunidades afectadas por las irregularidades corporativas.


Catherine Coumans, coordinadora de investigación de MiningWatch Canada, dijo que básicamente “no había nada nuevo” en la estrategia.


“Empecé a pensar, 'Oh, Dios mío. Todo lo que veo es solo una repetición de cosas que ya existen. Solo hay ajustes pequeños”.

La estrategia anterior se centró en el sector extractivo, mientras que la nueva estrategia no es específica de la industria.


Ng dijo que la estrategia y el trabajo del ministro de Trabajo Seamus O'Regan serán "complementarios".


O'Regan dijo la semana pasada que está preparando una legislación para que las empresas canadienses se aseguren de no utilizar mano de obra esclava ni explotar a los niños trabajadores en el extranjero.


La estrategia de cinco años anunciada por Ng tiene como objetivo que las empresas canadienses implementen prácticas comerciales responsables. El gobierno dijo que incluirá disposiciones en acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales para promover una conducta responsable a nivel mundial.


Dwyer señaló que la estrategia dice que el gobierno ha estado haciendo eso desde 2009, lo que significa que no ha tenido efecto, porque las empresas todavía están involucradas en abusos.


La estrategia tampoco dice qué contendrán específicamente esas disposiciones, dijo.


“Ciertamente pensamos que es importante tener un enfoque de derechos humanos... integrado en los acuerdos comerciales; pero no hay suficientes detalles en la estrategia para ver qué significa realmente eso”, dijo Dwyer.

Las empresas que utilicen el Servicio del Comisionado Comercial, que ayuda a vender sus productos y servicios en el extranjero, deberán certificar que se involucrarán en una conducta comercial responsable.


Los beneficios del servicio pueden retirarse si una empresa no cumple con las "leyes, políticas y normas" de Canadá sobre conducta empresarial responsable.


Ng no dijo qué tan vinculante es la estrategia; pero dijo que "innumerables" empresas que quieren crecer y trabajar internacionalmente confían en el Servicio del Comisionado de Comercio.


Coumans dijo que las certificaciones no son nuevas, ya que la estrategia de 2014 tenía "acuerdos de integridad" que realizaban la misma función; pero estos acuerdos son problemáticos porque no se hacen públicos, dijo.


“Si la gente no sabe qué empresas las han firmado y cuáles no, no podemos pedir cuentas ni a la empresa ni al gobierno”, dijo Coumans.

Cualquier persona que desee denunciar quejas contra empresas por supuestas irregularidades puede dirigirse al Punto de contacto nacional, una agencia gubernamental destinada a abordar quejas ambientales y de derechos humanos, o al Defensor del pueblo canadiense para empresas responsables, un organismo de control de los abusos de los derechos humanos por parte de empresas canadienses en el extranjero.


Ng elogió al defensor del pueblo y calificó a la oficina como una muy buena herramienta para garantizar que las empresas canadienses respeten los derechos humanos.


“Tienen las herramientas y los recursos para hacer el trabajo que se les ha encomendado”, dijo Ng.

Dwyer dijo que la estrategia no aborda el hecho de que estos dos mecanismos de resolución de disputas “son completamente ineficaces”.

Un informe de 2015 de OECD Watch examinó los puntos de contacto nacionales de varios países, incluido Canadá, durante un período de 15 años. Encontró que "la abrumadora mayoría" de las quejas no detienen la mala conducta corporativa ni dan remedio a las personas perjudicadas por los abusos.


El defensor del pueblo carece de poderes reales para investigar u obtener documentos y testimonios, dijo Dwyer. “Así que espera que el resultado sea el mismo”.


El gobierno liberal nombró al primer defensor del pueblo en 2019, reemplazando al “consejero de responsabilidad corporativa”, que había enfrentado críticas generalizadas como una "entidad sin dientes".


La cuestión es si la nueva defensora del pueblo, Sheri Meyerhoffer, una abogada con un largo historial en negocios y desarrollo internacional, puede obligar a las empresas renuentes a cooperar con sus investigaciones y seguir sus recomendaciones.


Ng dijo que tiene “mucha confianza” en el trabajo que está haciendo Meyerhoffer.


El mes pasado, dos nuevos demócratas federales, Peter Julian y Heather McPherson, presentaron dos proyectos de ley de miembros privados que harían que las empresas canadienses sean más responsables de los abusos contra los derechos humanos y los daños ambientales en el extranjero.


Julian dijo que el proyecto de ley C-262 crearía herramientas legales, brindando a las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de empresas canadienses en el extranjero un recurso ante los tribunales canadienses.


McPherson dijo que el proyecto de ley C-263 le daría al organismo de control de la responsabilidad corporativa el poder y los dientes para investigar las irregularidades de las corporaciones canadienses.


Dwyer dijo que los dos proyectos de ley cumplen con los criterios que ella busca.



ARTÍCULO POR: MICHAEL RANGER

FOTOGRAFÍA: ERIKA IBRAHIM

EDICIÓN Y TRADUCCIÓN POR: ELIANA GONZÁLEZ


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