Ontario aprobó un proyecto de ley destinado a estimular el desarrollo de viviendas en medio de críticas de que dejará a los municipios sin miles de millones de dólares, aumentará los impuestos a la propiedad y reducirá el papel de las autoridades de conservación.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de ley es congelar, reducir y eximir las tarifas que pagan los desarrolladores.
Esas tarifas van a los municipios y luego se utilizan para pagar los servicios de apoyo a las nuevas viviendas, como la infraestructura vial y de alcantarillado y los centros comunitarios.
La Asociación de Municipios de Ontario dice que los cambios podrían dejar a los municipios con $5 mil millones y hacer que los contribuyentes paguen la factura, ya sea en forma de impuestos a la propiedad más altos o recortes de servicios, y no hay nada en el proyecto de ley que garantice una mejor asequibilidad de la vivienda.
El proyecto de ley también limita las áreas que las autoridades de conservación pueden considerar en los permisos de desarrollo, eliminando factores como la contaminación y la conservación de la tierra.
El ministro de Vivienda y Asuntos Municipales, Steve Clark, dice que Ontario se encuentra en una crisis de vivienda y que las medidas de la nueva ley son necesarias para garantizar que la provincia pueda lograr su objetivo de construir 1,5 millones de viviendas en 10 años.