Las deportaciones por parte de la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos, que fueron suspendidas debido a la pandemia de COVID-19, se han reanudado; pero los críticos dicen que hacerlo pone en riesgo vidas.
“Dada la pandemia, estamos poniendo en riesgo la salud de estas personas”, dijo el abogado de inmigración Stephane Handfield.
En un comunicado, la CBSA dijo que tiene el deber de aplicar la ley.
“La remoción oportuna de los solicitantes fallidos juega un papel crucial en el apoyo a la integridad del sistema de asilo de Canadá”, dijeron. "La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá tiene la obligación legal de expulsar a las personas que no tienen ningún derecho legal a permanecer en Canadá lo antes posible".
El gobierno federal continuará haciendo excepciones para los solicitantes de 14 países donde la seguridad o los solicitantes rechazados podrían verse en peligro si son enviados a casa.
Pero en Quebec, el problema se complica por un programa que se anunció para permitir que algunas personas que trabajaban en el sistema de salud se quedaran. La política de los llamados ángeles guardianes no se extiende a muchos puestos en los centros de salud, como los conserjes.
Mamadou Konate se encuentra entre los inmigrantes sin estatus que trabajaban en un centro de salud. Cogió COVID-19 mientras trabajaba como conserje, pero cuando trató de reclamar el estatus de refugiado, fue arrestado por la CBSA y actualmente espera ser despojado.
Handfield cuestionó el momento en que se reanudaron las deportaciones de personas como Konate.
"Es una pandemia mundial", dijo. "No tiene sentido".
ARTÍCULO POR: STEPHANE GIROUX Y ADAM KOVAC
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN POR: ELIANA GONZÁLEZ