El ministro de Industria, Francois-Philippe Champagne, declaró hoy que ofrecer precios inalámbricos más bajos para los canadienses es su prioridad al sopesar la aprobación final de la fusión entre Rogers Communications Inc. y Shaw Communications Inc.
Sus comentarios se producen hoy, la fecha límite que se había fijado anteriormente para cerrar el acuerdo de $ 26 mil millones de dólares
Pero las compañías extendieron ese plazo del lunes al 17 de febrero mientras esperan la decisión de Champagne.
Escuchemos lo que dijo el ministro de Industria sobre la decisión de aprobar o no la fusión entre los dos gigantes de las telecomunicaciones.
Mi papel es proteger el interés público, queremos mejores precios y más competencia y la mejor manera de lograr eso es que exista un 4to jugador nacional. Tomaré una decisión a su debido tiempo y ciertamente me aseguraré de que cualquier decisión sea en el mejor interés de los canadienses y que la decisión ayude a reducir los precios aquí en Canadá. Todavía lo estamos analizando, no he tomado la decisión final, pero ustedes recuerdan que yo puse condiciones. Primero dije que no a la transferencia de la licencia de Shaw a Rogers y dije que para considerar cualquier transferencia la parte que adquiera la licencia tendría que quedarse con ella por lo menos 10 años y que los precios de Quebec sean aplicados también en Ontario, la Columbia Británica y Alberta.
La versión actual del acuerdo, que se anunció por primera vez en marzo de 2021 pero ha evolucionado significativamente en respuesta a las preocupaciones antimonopolio, ahora vería a Videotron de Quebecor adquirir la división inalámbrica Freedom Mobile de Shaw y todas las licencias de espectro asociadas de la compañía.
Este movimiento, que expandiría la presencia de Videotron en el oeste de Canadá a medida que Rogers y Shaw se fusionan para convertirse en el segundo proveedor de telecomunicaciones de Canadá, promovería la competencia en la industria inalámbrica en lugar de disminuirla, argumentan los defensores.
Otros, incluida la Oficina de Competencia, han argumentado que la medida aumentaría la concentración y perjudicaría a los consumidores canadienses a largo plazo.