El tribunal superior de Canadá dictaminó que la Ley de Evaluación de Impacto federal, también conocida como Proyecto de Ley C-69, es, en su mayor parte, inconstitucional.
El viernes, cinco de siete jueces dictaminaron que el plan de evaluación de impacto ambiental era demasiado amplio.
"La protección del medio ambiente sigue siendo uno de los desafíos más apremiantes de la actualidad", afirmó el presidente del Tribunal Supremo, Richard Wagner. "Para afrontar este desafío, el Parlamento tiene el poder de promulgar un plan de evaluación ambiental. Sin embargo, el Parlamento también tiene el deber de actuar dentro del marco de la división de poderes establecido en la Constitución".
Sin embargo, la sentencia dictamina que los artículos 81 a 91 del proyecto de ley, que se relacionan con proyectos que se llevan a cabo en terrenos federales, si son constitucionales.
Esta tarde el ministro de medioambiente, Steven Gilbault, reaccionó a la decisión de la Suprema Corte de Canadá y aseguró que el gobierno tomará en cuenta las observaciones de la Suprema Corte para modificar la ley.
El proyecto de ley, promulgado por el Parlamento en 2019, proporciona un proceso para evaluar los impactos ambientales de proyectos energéticos designados. También permite una mayor consulta y participación pública en la evaluación de cualquier proyecto energético futuro. Sus críticos, que la han llamado la ley de “No más oleoductos”, dicen que el proyecto frena el desarrollo de proyectos energéticos y de explotación de recursos necesarios para la economía.
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