La demora del premier de Ontario, Doug Ford, en participar en las discusiones sobre cómo poner fin a las protestas del "Convoy de la libertad", equivalió a un mensaje de que los residentes de la ciudad habían sido abandonados por su gobierno provincial durante un momento de crisis, así concluye el informe de la comisión designada para investigar el uso de la ley de emergencia en febrero del año pasado.
El juez Paul Rouleau, encargado de la investigación, también criticó las acciones de la ex procuradora general de Ontario, Sylvia Jones, cuando la asediada fuerza policial de Ottawa buscó ayuda externa.
Llamó "desaconsejable" que ella dijera que había 1500 agentes de la OPP en Ottawa, cuando en realidad eran varios turnos acumulados y dijo que su ministerio debería haber tomado más medidas para monitorear la situación y el desempeño de la Junta de Policía de Ottawa.
Las disputas entre las agencias policiales y la negativa de Ontario a participar en conversaciones a nivel político destinadas a encontrar una solución a la crisis en Ottawa agravaron el problema, y fue "preocupante" que los líderes políticos de Ontario tardaran tanto en comprometerse, escribió Rouleau.
“Dado que la ciudad y sus servicios policiales estaban claramente abrumados, le correspondía a la provincia comprometerse de manera visible, pública y sincera desde el principio”, escribió.