La Corte Internacional de Justicia dio a conocer hoy un fallo provisional en el que ha decidido no rechazar el caso por genocidio en Gaza, tal y como le he había solicitado Israel. Además, el tribunal le exige a Israel que tome todas las medidas para prevenir actos genocidas y que permita la entrada de ayuda humanitaria, pero no le ordenó un alto al fuego.
La presidenta de la CIJ, Joan E. Donoghue, leyó la esperada decisión tomada por un panel de 17 jueces y afirmó que el tribunal no desestimaría el caso.
El máximo tribunal de la ONU ha tomado la decisión de dictaminar medidas cautelares después de rechazar la petición de Israel de desestimar el caso alegando que han actuado en defensa propia, por el ataque perpetrado por Hamás el pasado 7 de Octubre.
Aunque la CIJ no se ha pronunciado todavía sobre si Israel ha cometido genocidio en la franja de Gaza, sí ha reconocido que “al menos algunos actos perpetrados (por la parte israelí) parecen poder caer en el marco de la convención de genocidio", según manifestó la jueza Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, en referencia al documento de las Naciones Unidas que describe este delito.
La ministra de relaciones exteriores de Sudáfrica lo explicó a su salida del tribunal tras escuchar el fallo:
Un mensaje importante para los aliados de Israel.
Pero siguiendo con el fallo, la magistrada ha reconoció el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio: "El tribunal considera que la población civil sigue siendo extremadamente vulnerable". Y "que la catastrófica situación humanitaria en la franja corre un grave riesgo de deteriorarse aún más antes de que el tribunal dicte su sentencia definitiva”, ha argumentado.
Las otras medidas urgentes que debe aplicar Israel, según decretó el tribunal, son perseguir los discursos que inciten el genocidio contra el pueblo palestino. También el de permitir con efecto inmediato la entrada de servicios médicos y asistencia humanitaria en el territorio palestino, que se encuentra bajo un férreo bloqueo israelí desde el 7 de octubre. Finalmente, informar en el plazo de un mes al tribunal sobre la aplicación de todas estas medidas, informes sobre los que Sudáfrica podrá hacer alegaciones.