Hoy iniciaron los 3 días de audiencia en el tribunal supremo de Ontario sobre la controvertida ley de limitación de salarios para los trabajadores del sector público de la provincia que podría involucrar miles de millones de dólares.
En noviembre pasado, un juez de la Corte Superior de Justicia derogó el Proyecto de Ley 124, Ley de Protección del Sector Público Sustentable para las Generaciones Futuras, declarándolo inconstitucional y la provincia apeló.
Hay unos 780.000 trabajadores del sector público en general en Ontario, incluidos maestros, enfermeras y la mayoría de los empleados de la provincia. El proyecto de ley 124 se convirtió en ley en 2019 y limitó sus salarios a un aumento del 1% anual durante un período de tres años.
El organismo de control fiscal de la provincia explicó que la provincia deberá a los trabajadores del sector público alrededor de $ 8 mil 400 millones durante cinco años si la ley es anulada.
Ontario ya pagó alrededor de mil millones de dólares a los trabajadores que recientemente recurrieron a un arbitraje para reabrir sus contratos a raíz del fallo.
En sus argumentos presentado ante el Tribunal de Apelación, la provincia dijo que el juez Markus Koehnen cometió "errores legales fundamentales”, pues aseguran que la ley no interfiere con los derechos colectivos a la negociación libre y justa.
Pero más de 10 grupos y sindicatos que se oponen a la ley dicen que si los viola.
La provincia argumentó que la medida era necesaria para reducir el déficit, pero el tribunal concluyó que no pudieron probar con evidencia que el Proyecto de Ley 124 era razonable, proporcionado y justificado en su violación a la Carta de los Derechos.
La provincia busca la desestimación de la decisión original del juez, mientras que los trabajadores del sector público quieren que se desestime la apelación.