Las autoridades brasileñas prometieron proteger la democracia y el lunes se preparaban para imponer castigos después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.
Los manifestantes del domingo reclamaban una intervención militar que reinstaure al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulse al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
Alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.
Hasta ahora han sido detenidas 1.200 personas, informó el Ministerio de Justicia el lunes. La policía reaccionó notablemente lenta, incluso después de la llegada de más de 100 autobuses, lo que llevó a muchos a preguntarse si las autoridades simplemente ignoraron las numerosas advertencias, subestimado la fuerza de los manifestantes o fueron cómplices de alguna manera.