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Someten ley para protección de inquilinos


protección inquilinos

El Ministro de Vivienda de Ontario, Steve Clark, sometió un nuevo proyecto de ley para proteger a los inquilinos.


El gobierno de Ontario se propone aumentar la cantidad de adjudicadores y personal en Landlord and Tenant Board (LTB) para acelerar los plazos de decisión y ayudar a abordar la asombrosa cantidad de casos ante la junta.


La LTB resuelve disputas entre propietarios e inquilinos y gestiona las solicitudes de desalojo presentadas por cooperativas de vivienda sin fines de lucro en virtud de la Ley de Arrendamientos Residenciales de 2006.


La junta ha sido criticada durante mucho tiempo por sus resoluciones a menudo demoradas, y los reclamantes informaron tiempos de espera de siete a ocho meses y, en algunos casos, incluso más.


La inversión reciente más que duplica la cantidad de adjudicadores de tiempo completo en LTB, lo que significa reducir la carga de casos para el personal existente y potencialmente resolver disputas más rápido.


Además, el gobierno provincial propone fortalecer las protecciones contra los desalojos debidos a renovaciones, demoliciones y conversiones, así como aquellos para uso propio del propietario.


Al desalojar a un inquilino para renovar una unidad, los propietarios deberán proporcionar un informe de una persona calificada que indique que la unidad debe estar desocupada para que se lleven a cabo las renovaciones, actualizar al inquilino sobre el estado de la renovación por escrito y darle una Período de gracia de 60 días para volver a mudarse una vez que se completen las renovaciones.


Si el arrendador no permite que el inquilino se mude nuevamente con el mismo alquiler, el inquilino tendrá dos años después de mudarse o seis meses después de que se completen las renovaciones (lo que sea más largo) para solicitar una solución al LTB.


Ontario también propone duplicar las multas máximas por infracciones en virtud de la Ley de Arrendamientos Residenciales (como las renovaciones de mala fé) a $100,000 para individuos y $500,000 para corporaciones.

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